El miércoles pasado, poco antes de las once de la noche, los legisladores en México aprobaron una nueva Reforma según la cual los Partidos Políticos tendrán prohibido comprar tiempo en los medios de comunicación para realizar campañas electorales. En adelante, corresponderá al IFE la administración de los minutos que, de manera oficial, los canales televisivos y las estaciones de radio deberán conceder para eventos de carácter partidista, obligando así a un equilibrio entre las distintas fuerzas políticas en México, e impidiendo la sobresaturación de discursos proselitistas en los hogares de nuestra Nación.
Además, se verá limitado el número de meses previos a las elecciones durante los cuales los Partidos podrán llevar a cabo actos de campaña en dichos medios, ya que contrario a lo que sucede en la mayor parte del mundo, en nuestro país se hacía uso de estos recursos con tiempos tan excesivos como un año antes de los sufragios lo cual, además de convertir el debate democrático en un verdadero circo de "dimes y diretes", dejaba en clara desventaja a los Partidos con menos fuerza económica y política, los que no podían sobrellevar costos tan elevados, por lo que su discurso y sus propuestas quedaban bajo la sombra de lo desconocido.
No me resulta extraño, y hasta pienso que era previsible, que de inmediato los dueños y dirigentes de los distintos medios de comunicación levantaran la voz para protestar en contra de estas medidas, alegando ilegalidad e incluso inconstitucionalidad --por un supuesto "ataque en contra de la libertad de expresión"--, y haciendo uso de recursos tan absurdos como el comparar estos cambios, tan necesarios en nuestra Nación desde hace muchos años, con lo sucedido en los primeros meses de este año en Venezuela, donde el gobierno absolutista de Chávez desapareció la cadena RCTV por presentar programas y opiniones que atacaban y contradecían sus políticas dictatoriales (véase en este mismo blog "RCTV: Recordando a Rodó").
Y digo que no me resulta extraño porque para estas cadenas, sobre todo para las dos que mantienen el monopolio de las comunicaciónes en México --Televisa y TvAzteca--, esta reforma significa pérdidas anuales multimillonarias, y en muchos casos, también abatimiento de un importante poder político, ya que muchos partidos al no poder pagar en forma inmediata el tiempo que se les concedía en radio o televisión quedaban endeudados por varios años, lo que permitía a las cadenas intervenir u opinar a su favor en decisiones propias de los cuerpos políticos mexicanos, sin que éstos pudiesen hacer nada para impedirlo.
Por si fuera poco, es bien sabido que las cantidades que los partidos invertían en los medios sobrepasaban por mucho el presupuesto que el Estado otorgaba a cada uno para este fin, lo que obligaba a la entrada de recursos provenientes del bolsillo de empresarios, gobiernos extranjeros, narcotráfico, e incluso de los mismos dueños de las cadenas televisivas, permitiendo así la intervención de poderes fácticos ajenos en los asuntos propios de la democracia nacional, dejando a todos, sexenio a sexenio, con las manos atadas. Desde este punto, descubrimos que esta Reforma no sólo está bien justificada, sino que su llegada era inminente.
Lo que sí me llama fuertemente la atención es que los medios sigan buscando la forma de frenar o desprestigiar estas decisiones exigiendo referéndums, amenazando con despidos masivos, alegando ataques contra la libre expresión y utilizando todos sus programas de mayor audiencia, así como su influencia, para convencer al pueblo de que sus derechos están siendo oprimidos. Y lo más alarmante de todo es descubrir que un gran número de personas creen en esta postura, y critican lo que debería considerarse como un logro más --de los pocos que se dan, es cierto-- de la legislación en nuestro país.
Los poderes fácticos --"el cuarto poder"--han adquirido un peso desmesurado durante las últimas décadas, poniendo en jaque el actuar democrático de nuestras instituciones y elevando año con año los niveles de corrupción e ilegalidad en México. Las reformas como la aquí discutida surgen de necesidades verdaderamente apremiantes para reestablecer el orden y la gobernabilidad, y detrás de los intereses que hayan movido a nuestros legisladores, hay que valorarlas por los beneficios a largo plazo que a la soberanía pueden ofrecer.
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