Hemos recordado dos de los antecedentes históricos fundamentales en la historia del Constitucionalismo en México: las Cartas Magnas de 1824 y 1857. Pero no todo es historia en el estudio de nuestra Constitución.
Ahora vamos a abordar algúnas preguntas que deberían resultar fundamentales para todo Ciudadano -en el más Aristotélico de los conceptos-: ¿Qué papel juega una Constitución Política en la historia, el desenvolvimiento, la estructuración y el futuro de las Naciones? ¿En qué momento surge como necesidad la creación de un órgano legislativo máximo? y, sobre todo ¿Es real la tan discutida necesidad de reformar nuestra Carta Magna?
Nosotros, como pueblo mexicano en la actualidad, podemos considerarnos afortunados. Disfrutamos casi sin pensarlo de las garantías y privilegios que nuestra Carta Magna nos brinda, y no necesitamos detenernos a pensar de dónde provienen cada uno de ellos. Quizá eso provoque que en muchas ocasiones no valoremos como es debido el estado de derecho en el que ahora nos podemos desenvolver con entera libertad.
Pero desde mucho antes en México, con el establecimiento de un Virreinato y con la declaración de nuestro territorio como una Nueva España –es decir, como una colonia más del Imperialismo Español— las posibilidades de igualdad y desarrollo conjunto para todo el pueblo, en todos sus estratos socioeconómicos y castas, eran prácticamente inexistentes, dándose condiciones distintas que impedían o limitaban las voluntades y derechos de los hombres.
Así, vemos cómo Morelos en los Sentimientos de la Nación declara que en México nunca más debería existir una corona, y que nuestro Territorio en adelante sería independiente del poder español. De manera similar, subsanando necesidades distintas en cada período, vemos a Gómez Farías y a los Constituyentes Federalistas de 1824 declarar la división de México en estados y municipios con libertad de legislación, con representación obtenida por comicios electorales y dirigidos por un poder Ejecutivo apoyado en Cámaras; vemos a Juárez y a los Constituyentes de 1857 hacer efectivas las leyes de Reforma, manteniendo al ejército y a la iglesia fuera de las decisiones del Estado, declarado laico, y expropiando los bienes del Clero para anular su poder político; y finalmente vemos a Carranza y a los Constituyentes de Querétaro de 1917 dar la declaratoria final sobre las Garantías Individuales de las que todos los Mexicanos somos merecedores, demarcando el territorio nacional y la protección de sus productos e intereses, y confirmando la no reelección.
¿A qué vamos con todo esto? Sencillo: las Constituciones de los pueblos surgen para encarar las necesidades apremiantes que los mismos van presentando en diversos momentos históricos, con el fin de que las generaciones venideras puedan verlas resueltas y disfrutar de la estabilidad de la Nación y de la sana relación Individuo– Estado que sólo leyes justas y equitativas son capaces de brindar. Una Constitución se convierte en cimiento, en columna vertebral de los derechos, deberes, gobernanza -término del que hablaremos en futuros textos- que conforman esa esencia vital de todo gobierno democrático a la que conocemos como Estado de Derecho.
Sin la estructura y el sostén legislativo que sólo una Constitución Política bien planeada puede ofrecer, las Naciones se colapsarían sobre sí mismas, bajo el peso de las demandas sociales, la inestabilidad económica, la pérdida de valores y libertades, el libertinaje y corrupción de los gobiernos y la invasión de intereses ajenos o poderes extranjeros.
Nosotros, como pueblo mexicano en la actualidad, podemos considerarnos afortunados. Disfrutamos casi sin pensarlo de las garantías y privilegios que nuestra Carta Magna nos brinda, y no necesitamos detenernos a pensar de dónde provienen cada uno de ellos. Quizá eso provoque que en muchas ocasiones no valoremos como es debido el estado de derecho en el que ahora nos podemos desenvolver con entera libertad.
Pero desde mucho antes en México, con el establecimiento de un Virreinato y con la declaración de nuestro territorio como una Nueva España –es decir, como una colonia más del Imperialismo Español— las posibilidades de igualdad y desarrollo conjunto para todo el pueblo, en todos sus estratos socioeconómicos y castas, eran prácticamente inexistentes, dándose condiciones distintas que impedían o limitaban las voluntades y derechos de los hombres.
Así, vemos cómo Morelos en los Sentimientos de la Nación declara que en México nunca más debería existir una corona, y que nuestro Territorio en adelante sería independiente del poder español. De manera similar, subsanando necesidades distintas en cada período, vemos a Gómez Farías y a los Constituyentes Federalistas de 1824 declarar la división de México en estados y municipios con libertad de legislación, con representación obtenida por comicios electorales y dirigidos por un poder Ejecutivo apoyado en Cámaras; vemos a Juárez y a los Constituyentes de 1857 hacer efectivas las leyes de Reforma, manteniendo al ejército y a la iglesia fuera de las decisiones del Estado, declarado laico, y expropiando los bienes del Clero para anular su poder político; y finalmente vemos a Carranza y a los Constituyentes de Querétaro de 1917 dar la declaratoria final sobre las Garantías Individuales de las que todos los Mexicanos somos merecedores, demarcando el territorio nacional y la protección de sus productos e intereses, y confirmando la no reelección.
¿A qué vamos con todo esto? Sencillo: las Constituciones de los pueblos surgen para encarar las necesidades apremiantes que los mismos van presentando en diversos momentos históricos, con el fin de que las generaciones venideras puedan verlas resueltas y disfrutar de la estabilidad de la Nación y de la sana relación Individuo– Estado que sólo leyes justas y equitativas son capaces de brindar. Una Constitución se convierte en cimiento, en columna vertebral de los derechos, deberes, gobernanza -término del que hablaremos en futuros textos- que conforman esa esencia vital de todo gobierno democrático a la que conocemos como Estado de Derecho.
Sin la estructura y el sostén legislativo que sólo una Constitución Política bien planeada puede ofrecer, las Naciones se colapsarían sobre sí mismas, bajo el peso de las demandas sociales, la inestabilidad económica, la pérdida de valores y libertades, el libertinaje y corrupción de los gobiernos y la invasión de intereses ajenos o poderes extranjeros.
Ahora bien, al comentar el tema con algunos expertos, múltiples cuestiones surgieron dentro de la tertulia al comparar la actitud de los Constituyentes de hace 91 y 151 años con la que mantienen los Legisladores en la actualidad, y se formularon las que serían las preguntas más interesantes de la noche: ¿En verdad se requieren tantas reformas a los artículos de nuestra Constitución? ¿Debemos permitir que sus preceptos sigan viéndose alterados para conveniencias e intereses políticos, como se ha venido dando desde hace tres o cuatro sexenios? ¿No sería mejor crear una nueva Carta Magna que se ajuste a las necesidades y exigencias de nuestros tiempos, en vez de seguir cambiando año con año la que ahora nos rige? En resumen, ¿La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe ser reemplazada?
Este es un punto vital. Los cambios en la estructura de algunas garantías individuales, de los requisitos previamente establecidos para ocupar cargos públicos de alta jerarquía en nuestro país, y las modificaciones tendientes a fortalecer el presidencialismo y a restaurar al clero muchas de las atribuciones que con las Leyes Juárez y Lerdo había perdido no son sino secretos a voces. Lentamente, se ha ido carcomiendo el ideario original de los Constituyentes del ’17; unas veces para bien, la mayoría de ellas no tanto. ¿Ejemplos? El retiro del concepto de "Educación Laica" del Artículo 3o y la permisividad con las Instituciones Religiosas para que puedan llevar a cabo sus manifestaciones de culto fuera de los Templos, en la vía pública, siempre y cuando no se dañen intereses de terceros -situación que, de cualquier modo, siempre sucede-.
Este es un punto vital. Los cambios en la estructura de algunas garantías individuales, de los requisitos previamente establecidos para ocupar cargos públicos de alta jerarquía en nuestro país, y las modificaciones tendientes a fortalecer el presidencialismo y a restaurar al clero muchas de las atribuciones que con las Leyes Juárez y Lerdo había perdido no son sino secretos a voces. Lentamente, se ha ido carcomiendo el ideario original de los Constituyentes del ’17; unas veces para bien, la mayoría de ellas no tanto. ¿Ejemplos? El retiro del concepto de "Educación Laica" del Artículo 3o y la permisividad con las Instituciones Religiosas para que puedan llevar a cabo sus manifestaciones de culto fuera de los Templos, en la vía pública, siempre y cuando no se dañen intereses de terceros -situación que, de cualquier modo, siempre sucede-.
No perdemos de vista, desde luego, que así como en 1857 fue reformado el precepto que declara que "la religión oficial de la Nación debería ser el catolicismo" -principio que después se mantuvo vivo en la Constitución del '24-, muchas otras leyes y principios deben ser revisadas y ajustadas de acuerdo con el momento histórico, social y cultural que se encuentran atravezando cada uno de los pueblos. Sin embargo, pensar en crear toda una nueva Constitución Política Nacional en nuestros tiempos conlleva sus riesgos. Los grandes movimientos Constituyentes del pasado tuvieron varios puntos importantes en común, que les permitieron obtener sus fines: falta de personalismos o intereses individualistas, grupos plurales conformados por representantes de todos los estratos socioeconómicos, respeto por el pasado histórico de nuestro país, búsqueda del laicismo, el federalismo, la democracia y la libertad e independencia de los estados y municipios, y sobre todo, la meta de colocar a México como Nación Soberana.
En la actualidad, un Congreso Constituyente careciente del suficiente sentimiento patriótico se vería contaminado con intereses partidistas, falta de diálogo común, intolerancia a las ideas ajenas, intervenciones empresariales, movimientos con ideologías propias, resistencia por parte de las corporaciones sindicales con mayor peso político en nuestro país, y ausencia de una representación real de las facciones más desvalidas de la sociedad. ¿El resultado? Caos. Sin olvidar la siguiente aseveración hecha por un buen amigo dentro de la misma reunión: nuestra Constitución mantiene un proyecto de Nación que no se ha explotado al cien por ciento todavía.
En la actualidad, un Congreso Constituyente careciente del suficiente sentimiento patriótico se vería contaminado con intereses partidistas, falta de diálogo común, intolerancia a las ideas ajenas, intervenciones empresariales, movimientos con ideologías propias, resistencia por parte de las corporaciones sindicales con mayor peso político en nuestro país, y ausencia de una representación real de las facciones más desvalidas de la sociedad. ¿El resultado? Caos. Sin olvidar la siguiente aseveración hecha por un buen amigo dentro de la misma reunión: nuestra Constitución mantiene un proyecto de Nación que no se ha explotado al cien por ciento todavía.
La conclusión de todo esto es que quizás México no esté preparado para enfrentar un nuevo movimiento Constitucional. Solidaridad, respeto, desinterés y nacionalismo son ideales aún por rescatar. Se requiere de sembrar en el pueblo un mayor respeto a —y conocimiento de— nuestra actual Carta Magna, para que una vez llegada la hora de dar a luz a una nueva Ley Suprema nos encontremos listos para crearla, valorarla, aplicarla, y defenderla.
Contrario a lo que opinan algunos miembros de las Cámaras del Congreso en la actualidad, nuestra Constitución no es sólo "un texto jurídico más, que puede ser cambiado y ajustado cuando así lo necesite"; y tampoco debemos "desmitificar a una Constitución que para muchos es casi tan sagrada e intocable como un texto bíblico". El Estado Soberano se fundamenta en el documento Constitucional, y si perdemos de vista esta afirmación nuestra Nación podría perder los grandes bienes alcanzados a lo largo de los últimos 200 años de su historia. Porque la Soberanía no es un camino: es un fin, es la manifestación evidente de un estado federalista y democrático bien llevado y dirigido con apego a los preceptos legislativos establecidos en nuestra Constitución.
Brindemos honores a los Grandes Hombres a quienes debemos nuestra Máxima Legislación, y mantengamos en mente que en nuestras manos queda seguir haciendo Historia y perfeccionando nuestras leyes y principios, para que todas las futuras generaciones de Mexicanos sigan viviendo dentro de la protección del derecho, las libertades, la independencia y la paz
No hay comentarios:
Publicar un comentario